Por
si faltaba algo, dentro de las negociaciones económicas que se están llevando
en la UE hay que añadir las exigencias de los dirigentes europeos para la conclusión la reforma del sistema bancario,
los interrogantes sobre las estructuras
institucionales, la reforma de la administración local, y la reforma del Banco
de España.
No
es pues una casualidad que el gobierno haya planteado la modificación de la Ley
de Bases de Régimen Local con el Ante Proyecto de la Ley para la Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.
Esto
obedece a una demanda de la patronal y las instancias Europeas concretadas por
el presidente de la CEOE con el despido de 400.000 funcionarios, para hincar el
diente a una parte de la tarta de la administración. Si sobra alguien, son
empresarios como Díaz Ferran, y
esperemos que su sustituto, no acabe como su precesor.
En
esa ley que prepara el Gobierno esta previsto la suspensión de las entidades
locales menores y las Mancomunidades Comárcales de los municipios. Sin embargo
se mantienen las diputaciones provinciales producto del antiguo régimen. Desde
el momento de la creación de los Estatutos de autonomía las diputaciones no
tenían sentido de ser dado la organización comarcal, que a demás recoge el
articulo 65 del Estatuto de autonomía en su punto 2 donde recoge; que las
entidades locales se podrán agrupar para la prestación de servicios y gestión
de asuntos comunes.
Las
mancomunidades comárcales están cubriendo un papel y dando unos servicios que
de no ser así los ayuntamientos por si solos no podrían dar. Es por ello que
alcaldes de todos los colores están por su mantenimiento como es el caso de la
Ribera Alta donde por unanimidad, se aprueba su mantenimiento.
Sin
lugar a dudas, las mancomunidades, son más representativas que las diputaciones. En ellas
se refleja con más claridad la pluralidad políticas que existen en las comarcas,
ello las hace más participativas, por estar más cerca del ciudadano.
Pero se tendría que modificar su funcionamiento,
y que la forma de votación no fuera ponderada, ya que no refleja esa pluralidad
de sus componentes. Se da la
contradicción que un alcalde vote a favor o en contra de lo que se debate, y
que con su voto, lo haga representando, hasta
de cuatro formaciones políticas.
En cualquier caso con un poco de buena
voluntad se podrían modificar su funcionamiento sin que eso alterase los
resultados de la mayoría. ¿Por qué ese interés de la suspensión de estos
organismos, y no se plantean la suspensión de las diputaciones? Como he dicho
anteriormente las mancomunidades son más participativas, y a los socios
europeos, no les gusta.
Como tampoco les gusta la situación de casos
de corrupción que se dan en nuestro país, porque ponen en peligro el bipartidismo
que consiguieron imponer en la transición, tienen miedo, a que nos desconectemos de la
política, y por el
retroceso
en los sondeos de los dos grandes partidos, nos podía llevar a la formación de
un gobierno multicolor y poner en peligro la estabilidad del euro.
Se
tiene que suprimir, las diputaciones. Estas, están haciendo un uso del dinero
público con el criterio de favorecer aquellos pueblos gobernados por el partido
en el poder. A veces también se utiliza ese dinero público para invertir en
pueblos donde no gobiernan y hacer que pueda cambiar la correlación de fuerzas
en su no beneficio.
Tal
es el caso de la ampliación de la carretera de Sumacàrcer que a tenor de una
hoja repartida por los populares de éste pueblo, haya sido uno de sus
concejales el que ha conseguido el que la obra se lleve por fin a cabo. No
cuenta para nada el proyecto presentado en octubre del 2008 ni las ciento de
patadas de aquella corporación y solo cuenta las “camallades” que ha dado el concejal del PP, en la
Diputación para conseguirlo, y haciendo de lazarillo del responsable de la
empresa constructora, indicándole los caminos por donde poder desviar el
tráfico para los residentes en el pueblo, cuando esto corresponde al equipo de
gobierno municipal.
Esta actividad del concejal del PP y como consta negro sobre blanco en la hoja
informativa que han repartido, como, es el “comino peatonal” del pueblo hasta
el cementerio, que se agilice la subvención a los amigos de la Ermita y la concesión de unas subvención a
la Banda de Música por parte de Excelentísima Diputación ha sido por su gestión. Informando con la exhibición en un pleno municipal con un
sobre donde comunicaba que su contenido, era la concesión por parte de
presidencia de la diputación de subvención especial a la asociación AECUS 1500
€ que había conseguido por su gestión, este comportamiento, roza con una posible prevaricación que si
fuera investigado por la fiscaliza podría resultar unos hechos muy grabes.
Por
lo tanto en ese anteproyecto del Gobierno, por la Racionalización y la Sostenibilidad
de la Administración, tienen que llevar parejo la supresión de las
diputaciones. Como ejemplo diré que entre las tres Diputaciones, tienen 89
diputados y 130 asesores. Esto significa mucho económicamente para las arcas públicas valencianas.
Es un tema que se tiene que plantear los dos
partidos mayoritarios ya que en otros momentos era una de sus propuestas
políticas en su respectivos programas. Me consta que el cambio
de posición depende de quien ostenta la presidencia. También me consta
que en los dos partidos hay gente en contra de esta institución.
Por ello, los socialistas y los descontentos
del PP que en privado te lo reconocen, tienen que definirse de una puñetera vez, de cual es su posición con el tema de la
supresión de las diputaciones. Ya que es un organismo que se ha utilizado para
proteger aquellos pueblos donde tenían alcalde de su partido. Tenemos que rechazar que se compren voluntades
con el dinero público, de continuar así, la libertad y la democracia
corren un grave peligro.
Antonio Montero zarco
10 de febrero de 2013
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