La
ley que prepara el gobierno para racionalización y sostenibilidad de la
administración local, no deja de ser un atentado a la limitación de los
municipios en su desarrollo local.
Es
verdad que el Ejecutivo esta para legislar, y es una de sus facultades. Pero
tratándose de una ley que afecta tan directamente al desarrollo de la vida
cotidiana de los pueblos y ciudades, no estaría mal, consultar a sus dirigentes
municipales, cuales son realmente sus problemas y sus necesidades. Estas
consultas, en ningún momento restan autoridad al gobierno.
Esta
de mostrado, que los rechazos que se dan a esta ley, no tiene color, la
Federación española de Municipios y
Provincias, no comparte esta ley, no siendo sospechosa de estar en
contra del Gobierno. Afortunadamente para éste, esta federación, esta formada
por una mayoría muy cómoda por el mismo color político que el del Presidente Rajoy. Por lo tanto no es una
cuestión de poner dificultades al Gobierno para su desarrollo, y si de racionalidad en la vida municipal.
Es
lamentable, que se quiera regenerar la economía del Estados, recortando
competencias y servicios de los ayuntamientos. Se podía estar de acuerdo, en
que se tienen que poner los medios, para racionalizar, el gasto de la
administración pública. Pero sería mejor empezar por uno mismo, es decir, ¿Se
ha planteado el Gobierno, empezar por su seno, pasando por el Congreso de los
diputados, el Senados y las Diputaciones?
De hacerlo estaría dando una
buena lección de ética y austeridad. Tendría más razón para proponer cualquier
tipo de recortes, sin que esto quiera decir que fueran justos.
¿Quien
responderá de los servicios de guarderías que prestan los ayuntamientos
cargando su coste y mantenimiento a sus presupuestos? ¿Quien se hará cargo del
mantenimiento de las infraestructuras de los colegios? ¿Quien se encargaría de
tener en condiciones las estancias donde los médicos pasan sus consultas?
Tendrá que explicar el gobierno, si son
estas las competencias impropias o si son duplicidad de competencias.
En
cuanto al baremo para cuantificar los salarios de los “alcaldes y concejales”
se presta, claramente a la discriminación y confusión. Ya que el peculio, que va
a percibir, esta en base, ha el número de habitantes. El más alto sería un 20 %
menos que un Secretario de estado. Y el más bajo sería el 80 % menos.
Se trata de una discriminación a todas luces. Si hablamos de una
dedicación exclusiva, no es lógico, que un alcalde con dedicación exclusiva de
una ciudad de 50.000 habitantes su tiempo no valga como el que su ciudad sea
más de 500.000 habitantes. ¿O es que acaso las horas de este son de más
duración que las del primero? Esto no se puede cortar con estas tijeras. Hace
falta una base más real y “pagar” aquello que sea justo.
Cuando
habla de la dotación de puestos de
trabajo cuya cobertura corresponde a
personal eventual, los ayuntamientos se deben
ajustar a unas normas. Limitan el
número de contratos eventuales según el número de habitantes. Pero en su “punto
6, las plantillas al personal eventual, se determinará atendiendo a las necesidades
del equipo de gobierno local, y también a la representación política de los distintos grupos
políticos en el último proceso electoral”.
Estas normas se prestan al clientelismos de los partidos políticos, no valen
para evitar el enchufismo y la corrupción.
Una
de las propuestas más preocupantes, es que nos estemos basando en las
exigencias impuestas por Europa. Esto hace que los compromisos en el cumplimiento
sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la administración
local también debe de contribuir a este objetivo racionalizando su estructura
en algunas ocasiones súper dimensionadas. En el fondo, lo que nos dice el
proyecto, es que adelgacemos las instituciones locales, para abrir la puerta a
la privatización de servicios. No estoy inventando nada. Los organismos,
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que
estén adscritos o sean dependientes, a efectos del sistema europeo, se les podrá meter mano. Pero quedaran
excluidas, las empresas de economía
mixta o de colaboración público privada.
Por
ello, sin rechazar la reforma de la administración, decía el otro día que en
esa reforma, se tendría que plantear la supresión de las diputaciones. Hoy me
reafirmo en esa propuesta y abogo por el fortalecimiento de las mancomunidades
de municipios. Estas deben jugar un papel más incisivo en la prestación de
servicios. Todo lo contrario que propone
el Gobierno de fortalecer las diputaciones. Salvo que lo que se persigue, sea
la supresión de los Gobiernos autonómicos. Porque no faltan las voces des seno
del PP de la necesidad de recuperar competencias que hoy tienen transferidas
las comunidades autónomas.
Antonio Montero Zarco
marzo de 2013
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