ATENTADO CONTRA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Ley de racionalización y sostenibilidad de administración local.

Es muy significativo, que dentro de querer con la nueva ley garantizar el control financiero, Madrid sea el ayuntamiento más endeudado de España. El solo, esta más endeudado que 3000 pueblos de todas las provincias de España. Cada madrileño tiene una deuda de 2.081 euros. Los valencianos, con 814.208 habitantes, tenemos una deuda que salimos a 1.024 euros por persona. Después esta Barcelona. Estas tres capitales tienen una deuda que hará que sus vecinos estén endeudados durante más 30 años. Además tenemos que contar con la deuda a nivel autonómico, Cataluña tiene una deuda de 50.489 millones, la C. Valenciana, 29.437, Andalucía 20.544 y Madrid 20.130 millones.

Con estos datos, sería razonable el elaborar unas leyes que limitaran los gastos y despilfarros que se hacen. Pero la cosa no va por estos derroteros por mucho que nos diga el Sr. Montoro, lo que se pretende con esta Ley, es para racionalizar el gasto local.

La mayoría de ayuntamientos, tiene sus peculios saneados, y aquellos que no los tienen, es debido a que las transferencias del estado son ridículas y tardías para hacer frente a las necesidades que tienen que cubrir. La cuestión es más de fondo es vaciar de contenido las competencias de los ayuntamientos. Una de las competencias que perderán, serán los servicios sociales. Se terminará con este servio que prestan los ayuntamientos, y la perdida de puestos de trabajo que hoy ocupan las/los trabajadores sociales. Se perderán otros servicios, como los planes de empleo municipal, los servicios psico-pedagógicos, sirva como ejemplo, las ayudas que se recibían de la Generalitat para los servicios psicológicos, que ya se han cortado y han sido asumidas por los ayuntamientos, esto desaparecerá radicalmente, y se quedaran sin subvenciones las escuelas de música, se perderán las pocas competencias que se tiene en medio ambiente, entre otras.

Que hay detrás de esta perdida de competencias de los ayuntamientos. La exigencia de los compromisos europeos para controlar el endeudamiento, y la exigencia por parte de Europa en la necesidad de adelgazar las administraciones locales. Esta reivindicación, es de allá por 2011, cuando expertos al servicio de los mercados, ya pedían la reducción de los ayuntamientos.

Aunque hay contradicciones en las demandas, la CEV reivindicaba también, un adelgazamiento muy considerable en las administraciones, supresión de las diputaciones, fusión de ayuntamientos, cierres de empresas públicas, copago en la educación y sanidad. Esto choca un poco con el papel que se les da a las diputaciones con la nueva ley, pero no deja de cubrir la demanda de los empresarios, ya que fue donde que más incidieron, en la precampaña de las elecciones municipales de hace tres años.

Por una razón. Nos dice el gobierno: que el objetivo de la ley, para los principios de eficacia, estabilidad y sostenibilidad financiera, es organizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Es decir se abre las puertas de par en par a la privatización de muchos de los servicios que hoy prestan los ayuntamientos.

Finalmente, favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica en casos que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad. He aquí pues, que quien gobierna son los agentes económicos que están por encima del poder político.

Por último, veamos en que lugar quedan las diputaciones. Nos remontamos algunos años atrás para entender, que papel han jugado a lo largo de la historia. En 1812 la constitución de Cádiz ( la Pepa) establece que en cada provincia se cree un diputación, en aquella época solo había 31 provincias. Las diputaciones no llegaron a entrar en vigor y es en 1823 cuando se acaba con el régimen liberal y se anula la constitución de 1812 y se establecen 52 provincias.

Poco más tarde se organizan las atribuciones de las diputaciones, como órganos intermedios entre el poder central y los municipios. “En cada provincia habrá una diputación, llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior”. Entre otras funciones establecía, como promover una explotación racional, eficiente y sostenible del medio rural y agrario. Esto era para favorecer a los terratenientes. El cargo de presidente fue desempeñado en sus primero años por el jefe político de la provincia. Posteriormente y hasta 1950 este cargo lo desempeñaba el Gobernador Civil y en ambos casos eran unos caciques, porque tenían la potestad de ejercer todas las funciones para imponer su autoridad y fuerza coactiva en el cumplimiento de lo que se legislaba. Las diputaciones, siempre estuvieron al servicio de la oligarquía económica y religiosa, posteriormente han sido utilizadas por los partidos políticos para satisfacer las necesidades del clientelismo de los partidos gobernantes.

Con la nueva ley, que recorta la autonomía municipal y las atribuciones que tienen en estos momentos los ayuntamientos, para que se entienda, se fortalecen las diputaciones y se limita la participación ciudadana. Este año como estamos en periodo electoral, Presidencia de la diputación, ha designado las partidas destinadas a PCR (Plan de Caminos Rurales) las de dos años en uno, es decir el año que viene los ayuntamientos que venían recibiendo estas subvenciones, se quedaran sin ellas.

En el caso de mi municipio, que tendrían que llegar unos 40.000 € de dicho plan, nos han dejado con 30.000 €, es decir nos han quitado 10.000 €. Y siendo esto un problema, lo que hay detrás es todavía más grave. Será la propia Diputación quien contrate con las empresas encargadas de realizar las obras.

En el caso de los pueblos pequeños, estas ayudas venían muy bien para poder realizar algunos trabajos por parte de las empresas locales. Ahora esto no podrá ser, por que no podrán optar a las plicas para realizar las obras. El argumento de Diputación, es que contratando un gran paquete de obras, saldrá mas económico. Dicho así suena muy bien, pero detrás, esta el que solo podrán optar empresas grandes, y las pequeñas serán en el mejor de los casos subcontratadas. No olvidemos que con ello se facilita la corrupción, puesto que las empresas grandes pondrán la mano, mientras las subcontratadas harán el trabajo.

Y ¿Que ocurre con las mejoras que ofrecen las empresas para quedarse con las obras?. Cuando los ayuntamientos adjudicaban las obras, con las mejoras que ofrecidas por las empresas, se reparaban o hacían cosas, que no se podían realizar durante el año, por falta de personal y /o, de dinero.

Este ejemplo, pone de relieve la perdida de funciones de los ayuntamientos, que son absorbidas por las Diputaciones, instituciones por otra parte, que son antidemocráticas, debido a sus formas de elección, puesto que la ley establece que el Presidente, será elegido por los alcaldes y concejales que hayan conseguido el acta de diputado en su demarcación.

Por lo tanto, con esta ley lo que se persigue, es la privatización de los servicios municipales y las empresas que gestionan. ¿Porque razón? Por que las administraciones, tienen medios y normas que impiden la colocación a dedo de los amigos del alcalde gobernante, aun así, con estas normas a veces nos enteramos que se suspenden algunas oposiciones, porque alguien a filtrado los resultados de los exámenes, dándose incluso casos, que los menos preparados han superado las pruebas, y gente con carreras las han suspendido.

Lo que se consigue con la privatización de los servicios municipales y sus empresas, es abrir las puertas a la iniciativa privada, y ahí si que pueden colocar a su gente, sin que nadie les pueda reprochar nada, ya que se trata de una empresa privada. No se trata de un cuento lo que digo, solo hace falta que miremos en las empresas privatizadas del INI, y veremos los ex-presidentes, ministros, altos cargos y otros amigos que no trascienden a la opinión pública, que se han colocado en ellas. No se si queda claro donde esta otro de los trucos de recortar competencias a los ayuntamientos, pero es evidente que si no se deroga esta ley, esto que aquí se dice, será una realidad. Por lo tanto lo único que cabe, es la retirada de la ley y la supresión de las Diputaciones, para fortalecer a los ayuntamientos ya que son estos, la primera unidad administrativa mas cercana a los ciudadanos.

Por la democracia real, si no se consigue la retirada de la ley, quedará como una responsabilidad de la izquierda, si tiene el poder en las próximas elecciones el derogarla. De no ocurrir así, el cambio será un cambio de mentiras.

Antonio Montero Zarco

9 de marzo de 2014

no aunque este siempre ejercerá9999999999 un cierto control sobre aquellas.
La Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 los denomina indistintamente Gobernadores o Gobernadores de Provincia.
Como análisis de la evolución histórica de las Diputaciones y la figura del Gobernador podemos decir que, a los largo del siglo XIX, fue variando según quien ostentara el poder en cada momento. Así, cuando el gobierno estuvo en fe político o gobernador, ven aumentadas sus competencias y posibilidades de actuación. Vemos ejemplos de lo anterior en la Instrucción de 1823 y en la Ley Provincial de 1870.
Sin embargo cuando el poder fue ostentado por los grupo moderados, la tendencia fue de centralización administrativa, de manera que las Diputaciones se configuran como cuerpos consultivos de jefe político. Ejemplo de ello la Ley de 8 de enero de 1845.
También hubo periodos de tiempo en los que hubo intentos de conciliación entre las dos tendencias.